Yoweri Museveni, presidente de Uganda, promulgó este lunes una de las leyes más duras del mundo contra el colectivo LGBTQ que incluye la prisión perpetua y hasta la pena de muerte por el delito de mantener relaciones homosexuales, es decir, condenará con la peor de las penas a las relaciones entre personas del mismo sexo.
La normativa provocó el repudio de Occidente y el riesgo de sanciones por parte de los donantes de ayuda. Las relaciones homosexuales ya eran ilegales en Uganda, al igual que en más de 30 países africanos. Sin embargo, esta nueva ley va más allá.
La legislación estipula la pena de muerte para los llamados «casos agravados» de la ley, como tener relaciones homosexuales con alguien menor de 18 años o la transmisión de una enfermedad crónica como el VIH/SIDA a través del sexo gay. También decreta una pena de 20 años por «promover» la homosexualidad.
Por su parte, el presidente de 78 años que lleva más de seis mandatos en el cargo, calificó la homosexualidad como una «desviación de la normalidad» a instó a los legisladores a resistir la presión «imperialista». El Tribunal Constitucional de Uganda anuló una ley similar en 2014.
Repudio en todo el mundo
La activista ugandesa por los derechos humanos Clare Byarugaba declaró que es «un día muy oscuro y triste» para la comunidad LGBT y para todos los ugandeses. «El presidente ha legalizado hoy la homofobia y la transfobia patrocinadas por el Estado», declaró.
También expresaron su condena varias organizaciones civiles dentro de Uganda, que planean iniciar acciones judiciales para anular la legislación bajo el argumento de que es discriminatoria y viola los derechos de las personas LGBT.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la medida como una «trágica violación» de los derechos humanos y dijo que Washington evaluaría las implicaciones de la ley «en todos los aspectos del compromiso de Estados Unidos con Uganda.»
«Estamos considerando medidas adicionales, incluida la aplicación de sanciones y la restricción de la entrada en Estados Unidos contra cualquier persona implicada en graves abusos de los derechos humanos o corrupción», dijo.
Una organización local, Human Rights Awareness and Promotion Forum, y otras diez personas presentaron posteriormente una demanda contra la ley ante el Tribunal Constitucional, según declaró a Reuters uno de los demandantes, Busingye Kabumba.
