Domingo 18 de enero de 2015. Hace cinco días, el fiscal Alberto Nisman volvió de Europa, apurado para denunciar a la presidenta Cristina Kirchner y al canciller, Héctor Timerman, por el por presunto intento de encubrimiento del atentado a la AMIA. El fiscal tenía la seguridad de que lo apartarían de la causa. El 14, ya en la Argentina, realiza la presentación judicial y, esa misma noche, asiste al programa Dos Voces (TN), donde explica su hipótesis: consideraba que el Memorándum de Entendimiento con Irán, que había promovido la Argentina y que fue aprobado por el Congreso, ocultaba un pacto para que cesaran las alertas rojas contra los iraníes acusados a cambio de permitir un intercambio comercial entre ambos países. El lunes 19 debía presentarse en el Congreso para dar detalles sobre su denuncia.
De vuelta en la noche del 18, un periodista, Damián Patcher, advierte por un «incidente» en la casa del fiscal. Poco después, la noticia ya está en todos los medios: el fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza, en el baño de su departamento ubicado en las Torres Le Parc, en Puerto Madero.
Ya pasaron 7 años de aquella madrugada en que su madre lo halló en el baño de su vivienda y aún no hay una respuesta clara al punto central de este caso: ¿a Nisman lo mataron o se suicidó?
El sábado 17 de enero, un día antes de que apareciera su cuerpo, Nisman recibió 40 llamadas telefónicas de las entonces diputadas nacionales del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso, quienes habían cursado la invitación al fiscal para que diera detalles en el Congreso sobre su denuncia.
Ese mismo día por la tarde, según constató la investigación, Nisman había recibido en su casa al técnico informático Diego Lagomarsino, titular de la pistola Bersa calibre 22 que efectuó el disparo mortal en la cabeza del fiscal.
El técnico informático aseguró que Nisman le había pedido el arma prestada por seguridad, dado que temía por su vida y, principalmente, por la de sus hijas, y no confiaba en su custodia, según el relato de Lagomarsino.
El hallazgo abrió dos hipótesis: la del suicidio -voluntario o inducido- y la del asesinato.
El hecho fue investigado inicialmente como «muerte dudosa» y la causa quedó a cargo de la fiscal Viviana Fein, quien el 24 de enero informó que «el disparo fue a una distancia no mayor a un centímetro» y que «no se infiere la participación de terceras personas».
En mayo de 2015, una junta de 13 peritos del Cuerpo Médico Forense y la Policía Federal presentó la pericia médica sobre el cuerpo de Nisman, de la que también participaron Osvaldo Raffo y el legista Julio Ravioli como peritos de la parte querellante (Arroyo Salgado) pero se negaron a firmar.
El informe señaló que la muerte fue «menor a 24 horas» en un sentido «amplio», y en un sentido «acotado» «entre 14 y 24 horas», desde la realización de la autopsia, en las primeras horas del lunes 19 de enero y que el disparo se efectuó dos centímetros arriba de la oreja.
«Ninguna de las observaciones contenidas en los aspectos médico-legales del informe técnico elaborado por la querella, en forma individual o en conjunto, indican con certeza pericial médico legal que se haya tratado de un hecho homicida», agregó el informe pericial. A su vez, dictaminó que en su muerte no había habido participación de «terceras personas», pese a que en las manos del cuerpo sin vida de Nisman no habían encontrado restos de pólvora.
A mediados de diciembre de 2015, la jueza en lo Penal Fabiana Palmaghini, que hasta entonces había supervisado la investigación, decidió asumirla plenamente y apartó a la fiscal Fein.
En marzo de 2016 -ya durante la gestión de Mauricio Macri- la jueza Palmaghini se declaró incompetente inmediatamente después de tomarle declaración al ex hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia Jaime Stiuso (que trabajaba con Nisman en la causa AMIA) y pasó la causa al fuero federal, como en su momento había reclamado Arroyo Salgado.
Tras un rechazo inicial de esos tribunales, la Corte Suprema resolvió en septiembre de 2016 que el caso se investigara en la Justicia Federal y la causa quedó en manos del juez Julián Ercolini.
En abril de 2017, el fiscal Eduardo Taiano dispuso realizar nuevamente las pericias médica y técnica (sobre los dispositivos electrónicos) y encargó la tarea a la Gendarmería Nacional. En septiembre de ese año, la fuerza de seguridad presentó el informe. En el, da cuenta de rastros de ketamina en el cuerpo del fiscal y sostiene que fue ejecutado por al menos dos personas situadas en el baño del departamento.
La pericia de Gendarmería no hizo más que agregar más interrogantes al punto central: ¿al fiscal lo mataron o se suicidó?
Cómo continuó la causa
El único procesado por la muerte del fiscal es el técnico informático Diego Lagomarsino, quien, pese a reconocer que le proporcionó a Nisman el arma desde la que salió la bala que terminó con su vida, niega una y otra vez haber sido parte de un plan homicida.
«Yo tengo muy claro que fue un autodisparo. No sabemos el por qué realmente llegó a esta situación Alberto. Es un misterio, pero están las pruebas más que sobradas para demostrarlo», dijo en 2020. Su postura no cambió.
La investigación sobre la muerte de Nisman abrió también causas paralelas, entre ellas una por lavado de dinero que se originó cuando se descubrió, un mes después de la muerte del fiscal, que tenía una cuenta bancaria no declarada en los Estados Unidos con 600 mil dólares, la cual compartía con su madre, su hermana y con Lagomarsino.
En enero del año pasado, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el embargo de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles de la madre y la hermana de Nisman y de Lagomarsino, en el marco de la causa que investiga el presunto lavado.
El 7 de octubre de 2021, el Tribunal Oral Federal N° 8 resolvió por unanimidad sobreseer a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros procesados por la denuncia que había presentado Nisman, tras considerar que «el Memorándum de Entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito».
