Mañana, la cámara de diputados de la nación debatirá el proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS, que recibió dictamen ayer por la tarde, en una sesión conjunta entre las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Se trata del texto que fue impulsado y redactado por las organizaciones de la sociedad civil y que ya había recibido dictamen en comisión el año pasado, pero había perdido estado parlamentario por tercera vez, tras la renovación de las autoridades parlamentarias.
La semana pasada, cuando se conformó la comisión, las organizaciones demandaron el tratamiento de este proyecto de manera inmediata y los diputados se habían comprometido a hacerlo: “Esta va a ser la primera ley que tratemos”, había dicho en esa oportunidad la presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Mónica Fein, del Partido Socialista.
“Estamos muy contentes de haber conseguido el dictamen. Es la cuarta vez que presentamos el proyecto. Es fundamental que sea ley porque todos los años siguen muriendo más de 5100 personas a causa del VIH y las Hepatitis. Este proyecto salvará vidas, muchas de esas muertes se evitarían si este proyecto ya fuera ley”, dijo José María Di Bello, Presidente de Fundación Gep, al cierre de la sesión.
A diferencia de la ley actual, que ha sido muy útil durante estos treinta años pero tiene un enfoque biologicista acorde a la época en que fue sancionada, el proyecto que acaba de ser enviado a recinto para su debate tiene un enfoque de género, basado en los condicionantes sociales y en los derechos humanos.
“Es una gran satisfacción haber logrado que este proyecto, que redactamos entre más de 200 organizaciones de la sociedad civil de todo el país y terminamos de definir en continuas reuniones virtuales los fines de semana durante la pandemia, hoy haya pasado a recinto para ser debatido por todes les diputades”, subrayó Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.
¿Qué va a pasar con las modificaciones?
Es posible que se propongan modificaciones al texto redactado por las organizaciones sociales. Los diputados de Juntos por el Cambio ya dijeron que iban a realizar una propuesta. Esas modificaciones van a ser debatidas durante el tratamiento de mañana.
Entre los principales puntos cuestionados se encuentra la implementación de jubilaciones anticipadas y pensiones no contributivas. El proyecto prevé que se reduzcan los años de aportes a 20 en vez de 30 y que la edad jubilatoria para personas con VIH sea de 50 años y deben tener más de 10 años de diagnóstico. Esto es así ya que la evidencia científica ha demostrado que quienes tienen VIH sufren un proceso inflamatorio crónico que conduce a la inmunosenescencia es decir tienen un envejecimiento prematuro de su organismo que además también consecuencias severas producto de los años de tratamiento con antirretrovirales.
“Además, le da a la ley un sentido de integralidad que busca permitir que las personas en tratamiento puedan tener una alimentación adecuada para tomar los medicamentos necesarios para mantener la adherencia. Además, 7 de cada 10 personas con VIH se atienden en el sistema público, lo que implica que no están en el sistema laboral”, advirtió Di Giano, y agregó que el envejecimiento prematuro también provoca una pérdida de proyección a futuro: “¿para qué aportar si no te va a dar la vida para poder jubilarte? Así ha pasado con algunes compañeros que nos han dejado en el camino de la lucha por esta ley”, lamentó.
Por el contrario, algunos diputados de Juntos por el Cambio se plantearon en contra de los artículos sobre seguridad social, planteando que personas con otras dolencias o enfermedades pueden empezar a reclamar lo mismo o, desconociendo sobre el tema, alegando que con la adherencia al tratamiento, las personas con VIH ahora pueden estar saludables, desconociendo que el VIH por sí mismo produce un proceso inflamatorio constante que lleva al envejecimiento prematuro.
Otro de los cuestionamientos fue por la prohibición de despidos o suspensiones a causa de estas enfermedades, así como la realización de pruebas de VIH pre ocupacionales. Al respecto, si bien algunos diputados manifestaron su oposición a prohibirlas “para proteger al resto de los trabajadores”, la principal preocupación que se consensuó modificar tiene que ver con las pruebas diagnósticas de tuberculosis; ya que su modo de transmisión es diferente al resto de las infecciones.
Otro de los puntos puestos en cuestión se vinculan a la obligatoriedad de que las empresas de salud pre-pagas y las obras sociales tengan que brindar estos tratamientos de manera gratuita, algo que ya ocurre acorde a la legislación actual. Sin embargo, algunos diputados consideran que la gratuidad debería ser solo para quienes no puedan pagar los tratamientos.
Otro aspecto cuestionado se vincula a la prevención. Algunos exigen que en el proyecto conste que el sistema de salud, ya sea público, privado o mixto, contemple los distintos tipos de prevención (primaria, secundaria y terciaria) para atender a estas infecciones, detallando que se obligue a ofrecer lo que se conoce como prep (la profilaxis pre exposición) y pep (tratamientos post exposición).
Al respecto, el proyecto es más abarcativo ya que se refiere a la “prevención combinada”, que incluye ambos tipos de tratamientos y deja la posibilidad abierta a que la autoridad de aplicación vaya actualizando lo que resulte más apropiado en cada momento, puesto que los métodos preventivos que hoy se consideran eficientes pueden ser diferentes el día de mañana, ya sea porque surjan nuevos métodos e incluso vacunas.
“Todas estas cuestiones responden a lo mismo: buscan evitar la discriminación, la poca posibilidad de acceso al ámbito laboral y hasta la dificultad de acceder a los servicios mismos de salud y mantener una buena calidad de vida. Muchas de las modificaciones que piden les diputades es por falta de conocimiento, inclusive hasta del propio proyecto”, cuestionó Di Bello.
