El Gobierno español presentó una denuncia ante la justicia en la que asegura que los teléfonos celulares del presidente, Pedro Sánchez, y su ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron objeto de escuchas «ilegales» y «externas» a través del programa informático israelí Pegasus, intromisión que permitió el robo de «gran cantidad de información».
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional -un tribunal español que tiene jurisdicción en todo el territorio nacional- , las intrusiones se produjeron en mayo y junio de 2021, en el teléfono móvil de Sánchez, y en esta última fecha en el de Robles.
Los intrusos extrajeron del teléfono del jefe del Gobierno una enorme cantidad de información: 2,6 gigas en la primera intrusión y 130 megabytes en la segunda, mientras en el aparto de la titular de Defensa el robo fue menor: 9 megas, informó la agencia de noticias AFP.
El Gobierno desconoce cuál fue la información robada y su grado de sensibilidad, pero se trata, en ambos casos, de las líneas institucionales, no privadas.
«Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes. No son suposiciones», declaró, durante una conferencia de prensa convocada con carácter urgente, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que habló de «hechos de enorme gravedad» ocurridos en 2021.
«Tenemos la absoluta seguridad de que se trata de un ataque externo (…) porque en España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial», indicó Bolaños.
«En este caso, no se ha producido ninguna de las dos circunstancias», agregó. «Por eso tenemos la seguridad, no tenemos ninguna duda de que es una infección, es una intervención que es externa», subrayó el ministro que no precisó si las autoridades españolas manejan algún indicio sobre quién puede estar detrás de esta intervención ni de si piensan en algún país extranjero.
«Cuando hablamos de que es una intrusión externa, lo que queremos decir es que es ajena a los organismos estatales y que no cuenta con autorización judicial», precisó.
Sánchez anunció que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) abriría una investigación interna y se comprometió a «rendir cuentas».
Líderes independentistas catalanes, calificaron la respuesta del ejecutivo como «insuficiente» y cuestionaron la conveniencia de estas revelaciones.
«Cuando el espionaje masivo es contra las instituciones catalanas y el independentismo, silencio y excusas. Hoy, todo son prisas. Hay que asumir responsabilidades ya», dijo el presidente regional catalán, Pere Aragonès, en su cuenta de Twitter.
«La doble vara de medir es evidente. Contra el independentismo, todo vale», agregó.
L'operació d'espionatge massiu contra l'independentisme català és una vergonya injustificable. Un atac als drets fonamentals i a la democràcia extremadament greu. Un exemple més de la repressió contra un moviment pacífic i cívic. Arribarem fins on calgui.
— Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) April 18, 2022
Esta crisis tiene una dimensión muy seria para el Gobierno minoritario de izquierda de Sánchez, que necesita el apoyo en el Parlamento de la formación de Aragonès para mantenerse en el poder hasta agotar la legislatura, a final de 2023.
«El Gobierno español es el único responsable de este caso de espionaje, sea por acción o por omisión», criticó la portavoz del ejecutivo regional catalán, Patricia Plaja, que volvió a reclamar «una investigación profunda, pública, independiente» sobre el caso.
Figura de la línea dura del independentismo, la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, fue más allá y se preguntó si el gobierno estaba realizando «una maniobra para pasar de verdugos a víctimas». «No cuela», lanzó en Twitter.
Sánchez i Robles diuen ser espiats. Ara sí que és un tema molt greu, quan només afectava l'independentisme, la ministra ho justificava.És l'evidència que no cal netejar les clavegueres per si les pots usar? O una maniobra per passar de botxins a víctimes? Bye CatalanGate? No cola
— Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) May 2, 2022
