Una ley que beneficiará a empresas que trabajen con nuevas tecnologías avanza a paso firme en la provincia. Este miércoles, por unanimidad, la Cámara de Diputados dio media sanción y envió al Senado para su aprobación definitiva la adhesión a la Ley Nacional 27.506 de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que dará toda una serie de beneficios impositivos a las compañías del rubro asentadas en San Luis.
La norma contó con despachos por unanimidad de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Finanzas, Obras Públicas y Economía, y Educación, Ciencia y Técnica. Como explicó la presidenta del bloque Frente Unidad Justicialista, Gloria Petrino, si bien el proyecto ya había tenido una media sanción en el Senado provincial, una reciente modificación de orden nacional obligó a que los legisladores de la Cámara baja debieran modificar el proyecto. Por esto, deberá volver al Senado para su aprobación definitiva.
Fue la presidenta de la Comisión de Educación, Analía Agüero, la encargada de detallar los alcances de la ley. Entre los beneficios que enumeró la diputada, marcó que las empresas podrán acceder a un bono fiscal por el 70 por ciento referido a las cargas sociales, una reducción de hasta el 60 por ciento en el Impuesto a las Ganancias de acuerdo al tamaño de la firma, y una constancia de no retención de IVA en cuanto a las compañías que vayan a exportar.
«Esta norma viene a reemplazar la Ley de Promoción de Software, ampliándola a nuevas empresas que puedan adherir», remarcó la legisladora.
Las firmas incluidas en los beneficios de la ley serán aquellas referidas al software y servicios informáticos y digitales; producción y posproducción audiovisual; biotecnología; bioeconomía; biología; bioquímica; microbiología, bioinformática y biología molecular.
También incluye neurotecnología e ingeniería genética; geoingeniería en ensayo y análisis; servicios geológicos y de prospección; servicios relacionados a la electrónica y comunicaciones; servicios profesionales de exportación, nanotecnología y nanociencia.
Por último, beneficiará a la industria satelital y aeroespacial; tecnologías espaciales; ingeniería para la industria nuclear, fabricación, puesta a punto y mantenimiento de servicios de investigación y desarrollo.
«Los requisitos son desarrollar las actividades incluidas y que puedan acreditar calidad e inversión en cuanto a capacitación, desarrollo, investigación y la exportación en lo que se refiere a productos o servicios», remarcó la legisladora.
Anabela Lucero, quien preside la Comisión de Finanzas, también destacó que el bono fiscal puede llegar hasta un 80 por ciento en el caso de que las empresas contraten mujeres, disidencias, personas con discapacidad, profesionales con posgrados, residentes de zonas desfavorables o quienes hayan sido beneficiarios de planes sociales.
«San Luis venía trabajando en esta línea. Hemos visto la Autopista de la Información, la Ley de Software y el Parque Informático de La Punta, que da trabajo a 700 personas. Esta ley es muy importante en el orden nacional; es una industria que emplea a 450 mil personas. Tener beneficios que fomenten la industria del conocimiento nos permite dar un paso importante en San Luis», dijo Petrino.
El proyecto de adhesión establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Ciencia y Tecnología de San Luis, «el cual podrá celebrar convenios con la autoridad de aplicación del mencionado régimen nacional, con el objeto de facilitar y garantizar el intercambio de información vinculada a las inscripciones, modificaciones y sanciones allí establecidas, realizar tareas de verificación y control, y, en caso de detectar algún incumplimiento, proceder a la exclusión de los beneficios otorgados por la provincia de San Luis».
Consenso político
La norma fue aprobada con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Mónica Becerra, del bloque Unidos por San Luis, que forma parte de la Comisión de Finanzas, dio el punto de vista de la oposición. «Esto va a crear en las pymes una gran oportunidad, sobre todo en aquellas que tienen un futuro sostenible. Es importante que nuestra provincia cree un marco regulatorio para flexibilizar los requisitos de la ley nacional», apuntó, aunque criticó que en la adhesión no se detallaron los beneficios específicamente, algo que, aseguró, sí ocurrió en adhesiones de otras provincias, como en Córdoba y Formosa.
