El 30 de diciembre de 2020, el Senado de la Nación sancionó la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. Transcurrido un año, el sistema público de salud llevó a cabo 32.758 abortos legales, seguros y gratuitos en todo el país.
Los datos se desprenden del sistema de monitoreo ImplementAR IVE/ILE del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, tomando como fecha de corte el 30 de noviembre pasado.
Ese registro señala que fueron 1.243 hospitales y centros de salud de todo el país que garantizaron la práctica del aborto en condiciones seguras. «A diciembre de 2020, garantizaban interrupciones legales un total de 903 hospitales y centros de salud», comparó el informe de la cartera liderada por Elizabeth Gómez Alcorta.
En tanto, en el último año se distribuyeron 46.283 tratamientos de misoprostol en todo el país, una cifra sustancialmente mayor a los 18.590 de 2020. «El Ministerio de Salud de la Nación incrementó cinco veces la compra de misoprostol, que es el medicamento indicado para garantizar la interrupción del embarazo en forma segura. Y se incrementó un 150 por ciento su distribución», detallaron desde el Ministerio.
Por otra parte, se gestionó la donación de 250 equipos para la aspiración manual endouterina (AMEU) que se distribuyeron a las provincias en el segundo semestre del año.
«La AMEU es el método recomendado por la Organización Mundial de la Salud para la evacuación uterina en forma quirúrgica, en contraposición al legrado uterino evacuador, desaconsejado por tener un mayor índice de complicaciones como sangrado y perforación, entre otras», indicó.
La mayor demanda de la población a interrupciones voluntarias y legales del embarazo se vio reflejada en el aumento del volumen de llamados a la línea de Salud Sexual 0800-222-3444 del Ministerio de Salud, que entre enero y el 30 de noviembre de 2021 recibió 19 mil consultas.
«Esta cifra es superior al total de consultas sobre el tema en los diez años previos, ya que entre 2010 y 2020 la línea respondió 17.302 llamados vinculados al derecho a la interrupción legal», destacaron.
En el ministerio consideran que el incremento de los llamados para consultar sobre IVE/ILE «está directamente relacionado con la definición de la política pública implementada desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, dependiente de la Secretaría de Acceso a la Salud, que fortaleció la línea de Salud Sexual como vía de ingreso de la demanda».
Durante el 2021, el Ministerio de Salud editó manuales para que los profesionales de la salud pudieran capacitarse en la materia para garantizar el derecho al IVE y desarrollar una «atención de calidad»: el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo; y el Protocolo de atención posaborto y el Protocolo de atención a víctimas de violaciones sexuales.
Así fue que con estas herramientas a disposición, a partir de la sanción de la ley 27.610 un total de 904 profesionales de la salud de todo el país recibieron capacitación especializada en contenidos técnicos y legales.
Entre otros temas, pudieron interiorizarse sobre las edades permitidas para acceder al IVE, el consentimiento, consejerías, tratamiento con medicamentos y con AMEU, y en la atención posaborto. A su vez, se desarrolló una línea de formación en abusos sexuales y embarazos forzados en niñas y adolescentes menores de 15 años.
Según detallaron, durante el 2021 se concretó el financiamiento de las prestaciones de interrupción del embarazo y atención posaborto a todas las jurisdicciones del país mediante el programa SUMAR, y Se realizó el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) para la prevención del embarazo no intencional en adolescentes.
